El 4 de noviembre de 2008 el licenciado Luis Fortuño y su partido ganaron las Elecciones Generales, y se comprometieron a gobernar con sensibilidad y dedicación para todos los puertorriqueños; a traer un alivio al bolsillo del ciudadano; a elaborar una reforma del gobierno sin despidos de empleados; a un manejo responsable del presupuesto y un estilo de búsqueda de consenso para responder a nuestros retos socioeconómicos y políticos.
Pero la realidad ha sido totalmente opuesta. El gobierno ha impuesto toda una legislación que cancela nuestros derechos humanos y laborales, y no nos ha dado la oportunidad para el diálogo, de escuchar nuestras propuestas ante la crisis económica que vivimos, ni ha querido buscar el consenso que en este momento crucial que el país reclama.
La crisis económica por la que atraviesa Puerto Rico comienza a afectar la vida de todos los puertorriqueños. Además de las crecientes dificultades para satisfacer las necesidades materiales y de consumo, se agudizan los problemas sociales, aumenta la violencia y la criminalidad, se deterioran y encarecen los servicios de salud y, en general, se vive en un ambiente de tensión y estrés que erosionan el clima de convivencia que todos deseamos.
Observamos con indignación la larga lista de actuaciones adoptadas por el Gobernador Luis G. Fortuño cuyas consecuencias agravarán la crisis económica y empobrecerán a los trabajadores, a las comunidades y a la mayoría del pueblo puertorriqueño. Las políticas de la administración de Luis G. Fortuño son inaceptables para el pueblo puertorriqueño.
En ese contexto, y dentro de la diversidad que representa el espectro amplio de los derechos humanos, Todo Puerto Rico por Puerto Rico toma acción desde una oposición efectiva en solidaridad con el país y sus habitantes.
En su Declaración, presentada al pueblo en Asamblea el pasado 5 de junio de 2009 y aprobada contundentemente, la Coalición reclama:
* Detener la política de privatización y desmantelamiento de las instituciones que nos definen como Pueblo, así como el despido de miles de empleados públicos, madres y padres de familia, derogando la Ley 7 y la Ley de Alianzas Público Privadas, y que se restituyan los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, a través de los convenios colectivos y las leyes laborales.
* Detener la destrucción de nuestros recursos naturales, los suelos agrícolas y la privatización de nuestras playas y costas.
* Detener la aprobación del proyecto Ley para el Otorgamiento de Permisos, porque atenta contra la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la salud y el bienestar público.
* Garantizar los fondos y los mecanismos para que las expresiones culturales de los puertorriqueños se desarrollen plenamente.
* El respeto a los derechos humanos partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
* Demandar que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones que atañen al disfrute de nuestros derechos humanos, nuestra salud, nuestro ambiente, nuestra educación y los derechos laborales.
* Exigir el fortalecimiento de las instituciones democráticas, mejoras en la prestación de servicios y garantías de un Estado de Derecho.
* Un estado laico que garantice nuestra libertad y bienestar sin importar género, orientación sexual, etnia, edad o cualquier otro elemento social o cultural.
* La creación e implantación de un seguro de salud universal.
* El desarrollo de una cultura de paz fundamentada en la negociación y creación de consensos.
Para trabajar hacia el logro de estos reclamos, la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico ha organizado, entre sus primeras actividades, las Asambleas de Pueblo con los siguientes objetivos:
* Promover la coordinación e integración de todos los sectores y organizaciones a nivel municipal y regional en el marco de la Declaración aprobada el 5 de junio.
* Dejar constituido un capítulo de la Coalición por región para trabajar coordinadamente con la Coalición a nivel nacional.
* Aprobar un plan de acción regional, coordinado con el plan de trabajo nacional.
¿Qué queremos?
La Asamblea del Pueblo celebrada el 5 de junio de 2009 aprobó unánimemente los siguientes reclamos:
-- Detener el despido de miles de empleados públicos, madres y padres de familia, derogando la Ley 7 y que se restituyan los derechos adquiridos a través de los convenios colectivos y las leyes laborales.
-- Frenar la política de privatización y desmantelamiento de nuestras instituciones que nos definen como Pueblo, por tanto, exigimos que no se apruebe el proyecto de ley de las llamadas Alianzas Público Privadas.
-- Detener la aprobación del proyecto Ley para el Otorgamiento de Permisos, porque atenta contra la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la salud y el bienestar público.
-- Reclamar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones que afectan nuestra salud y bienestar, vivienda, asistencia médica, empleo, cultura, educación, ambiente, seguridad, economía y nuestra PAZ.
-- Exigir que el gobierno garantice la libertad de expresión, el derecho a organizarnos como trabajadores y trabajadoras, mejorar los servicios que recibimos, y que se respeten las leyes que nos organizan como País.
-- Detener la destrucción de nuestros recursos naturales, los suelos agrícolas y la privatización de nuestras playas y costas;
-- Garantizar los fondos y los mecanismos para las expresiones y proyectos culturales.
-- Asegurar un estado laico que no imponga, ni discriminen por ser mujer u hombre, orientación sexual, etnia, edad o cualquier otro elemento social o cultural.
-- La opción de acceder a un plan médico gratuito para todas las personas.
-- El desarrollo de una cultura de paz fundamentada en la negociación y creación de consenso.
¿Qué proponemos?
1. Se tomen medidas concretas y específicas en el Departamento de Hacienda, para que se logre cobrar todas las contribuciones necesarias, deteniendo la evasión contributiva, incluyendo el pago del IVU y el cobro de la multimillonaria deuda de los contribuyentes delincuentes, que asciende a más de $3,000 millones.
2. Se deje sin efecto la Ley de Incentivos Económicos firmada por la pasada administración y que se imponga una contribución justa a las corporaciones que hoy no pagan o aportan muy poco.
3. El Gobernador, la Legislatura y los gobiernos municipales le rindan cuenta a la ciudadanía sobre cómo están utilizando los recursos económicos y humanos para prestar los servicios que la ciudadanía requiere. Tanto en el ámbito estatal como municipal, que se implementen políticas públicas que garanticen el acceso igualitario a los derechos, los servicios y la justicia de todos los ciudadanos.
¿Cómo lo hacemos?
Para trabajar hacia el logro de estas propuestas, la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico ha organizado, entre sus primeras actividades, las Asambleas de Pueblo con los siguientes objetivos:
* Promover la coordinación e integración de todos los sectores y organizaciones a nivel municipal y regional en el marco de la Declaración aprobada el 5 de junio.
* Dejar constituido un capítulo de la Coalición por región para trabajar coordinadamente con la Coalición a nivel nacional.
* Aprobar un plan de acción regional, coordinado con el plan de trabajo nacional.
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