1. Establecer una tasa mayor de contribución sobre el ingreso neto de las corporaciones foráneas.
Estas corporaciones obtuvieron ganancias sobre los $33,000 millones en el 2008, ¡en plena recesión!, y su tasa efectiva de contribución fue y es de apenas un 2.5%. Se recomienda imponer temporeramente una tasa fija de contribución sobre el ingreso neto de desarrollo industrial de diez (10) por ciento, estipulándose que no se pagará menos del cinco (5) por ciento una vez apliquen los créditos y deducciones que pudieran reclamarse.
2. Fortalecer el Departamento de Hacienda con el personal necesario.
Esta medida puede producir en el corto plazo los recaudos que aliviarían sustancialmente el déficit presupuestario del Gobierno. Se estima que existen unos $3,000 millones de contribuciones sin cobrar y un 30% de evasión contributiva. Además, como si fuera poco, se cobra sólo el 48% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
3. Una Reforma Contributiva.
Una base tributaria erosionada por la concesión de privilegios y por la evasión convierte la insuficiencia fiscal en norma y la búsqueda de ingresos no recurrentes en vicio. Se ha tornado insoslayable una reforma que sea integral, es decir, que no excluya a ningún actor económico (asalariados, autoempleados, corporaciones, etc.) ni a ningún tipo de impuesto; que amplíe la base tributaria; que provea suficientes ingresos para cumplir con las obligaciones gubernamentales; que se oriente por la justicia y por la equidad; y que esté en correspondencia con el fomento de un sano desarrollo económico.
4. Revisión exhaustiva de todas las leyes de exenciones contributivas vigentes.
El propósito sería eliminar aquellas que no cumplen con sus objetivos y que contribuyen al deterioro fiscal y mejorar aquellas que si funcionan.
5. Revisión de todos los decretos de exención contributiva (1,500 aproximadamente).
El propósito sería anular aquellos en que la parte beneficiada por las exenciones no esté cumpliendo con los objetivos económicos acordados.
6. Planificación y fiscalización del gasto público.
Anualmente se desperdicia el 10% del presupuesto consolidado de Puerto Rico: aproximadamente $2,600 millones. Despolitizar el sistema de administración pública es una medida necesaria.
